INTEGRANTES

Pedro Víctor Rodríguez Pereira & Robinson Palacio Mona

jueves, 6 de junio de 2013

Trabajo Colaborativo 1

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Reflejos del proceso de inclusión de la mujer en el actual sistema educativo colombiano

No cabe duda que la reivindicación de la mujer colombiana sea un hecho que ha cobrado gran importancia, así en el ámbito político como igualmente en el académico. La reivindicación de los derechos de la mujer necesariamente tenía que transcurrir por el campo político, en el que ha incidido de varios modos: en los cargos de representación, ajustes legislativos, o con su presencia en la opinión pública. La problemática de las luchas de género en Colombia ha venido tomando mucha importancia, y ha sido visibilizada en foros, en cátedras y en la creación de estudios de posgrados para investigar sobre el tema.

Este proceso de inclusión de la mujer deviene de sus luchas por la igualdad, que paulatinamente a través del tiempo conllevaron a ser incluida de manera activa en el sistema educativo.

 El análisis de datos históricos muestra que a la mujer colombiana no le ha sido fácil alcanzar el reconocimiento actual de sus derechos y entre ellos la equidad de género en los aspectos educativos, si bien para la época del gobierno del General Santander en 1834 que tuvo como propósito obtener un cubrimiento total de la educación en el territorio, aún cuando por un lado el número de estudiantes aumentó, por otro, se incremento también la desigualdad entre hombres y mujeres en las escuelas: por cada ocho colegios, sólo uno estaba destinado para la educación femenina. Por esa época  se fundó el  Colegio La Merced, para mejorar calidad de la educación de la mujer. Mas adelante, en 1872 se funda la primera Normal Nacional de Señoritas, a partir de ahí la mujer colombiana tuvo la opción de ser incluida laboralmente, tanto en la educación como en la administración educativa. Posteriormente, con la Ley 39 de 1903 se implementa el régimen orgánico de la educación y, se crean normales para mujeres en cada capital de departamento. Para 1927 se funda el Instituto Pedagógico Nacional para señoritas, y desde 1933 se otorga el título de Bachiller a la mujer colombiana, continuando aún las diferencias entre los programas masculinos y femeninos. (Datos tomados del Módulo de Contextos políticos y educativos en Latinoamérica, UNAD 2012).

De otra parte, las mujeres en Colombia ejercen el ejercicio del derecho al voto desde hace 55 años. El Acto Legislativo No 3 de 25 de agosto de 1954 le otorgó a la mujer el derecho de sufragar y con base en esta norma un millón 835.255 mujeres ejercieron su derecho al voto el 1 de diciembre de 1957, en el Plebiscito Nacional acordado por la Junta Militar de Gobierno a petición de los dos partidos tradicionales del país, en donde aprobó que “las mujeres tendrían los mismos derechos políticos que los varones”. En el año 1958 las mujeres colombianas pudieron ser elegidas por cuerpos colegiados de representación política y el promedio general de participación política de las mujeres entre 1958 y 1974 fue de 6.79 por ciento.

Junto a esto, desde que la mujer en Colombia ejerce su derecho al voto, y cada vez participa con mayor presencia en cargos políticos, administrativos, y de encontrarse  en la educación media y superior, aún todavía su participación no es equitativa en el mundo laboral.  

Las mujeres en Colombia ganaban 18,1 por ciento menos que los hombres en el primer trimestre del 2011. Refiriéndose a esta materia el presidente Juan Manuel santos dijo el 28 de dic. 2011 desde la casa de huéspedes ilustres en Cartagena: “Las mujeres deben ganar los mismo que los hombres cuando tengan el mismo nivel de trabajo. Con la firma de esta Ley se eliminará la discriminación a la mujer en materia salarial” (ley 1496 de 29 de dic. 2011).

Más la diferencia salarial llegó a un 20,2 % un año después, según informes de la dirección del DANE. Pero aún cuando las mujeres obtienen más escolaridad que su contraparte masculina, esta brecha aún sigue a favor de los hombres en todos los niveles de formación académica.

Con el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres (Constitución Política de Colombia de 1991 artículos 13 y 43), las mujeres tienen hoy los mismos derechos, deberes y obligaciones ciudadanos, pero las condiciones sociales y políticas de la mujer en Colombia son aún precarias.

Aunque con  la ley 1496 de 29 de dic. 2011 se pretende acabar la discriminación salarial de género y el artículo 143 del código sustantivo del trabajo dispone que, a un  trabajo desempeñado en un puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, debe corresponderle un salario igual. Y que también el mismo artículo establece que en cuestión de salarios, no debe establecerse una diferencia por razones de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales.

Con todo lo anterior, la mujer en Colombia sin embargo, sigue siendo víctima de violencia, porque no es tratada con justicia en el mundo laboral.

De los países del mundo donde son más notorias las brechas salariales, Colombia es uno de ellos, razón esta por la que ocupamos en el año 2012 el puesto 94 entre 135 países con respecto a la equidad salarial en trabajos similares, con un  promedio en los hogares colombianos en que una mujer gana 13.5% menos que los hombres

De hecho, las ideas atávicas comúnmente establecidas acerca del trabajo en mujeres y hombres son un factor relevante en la duración y reproducción de las diferentes maneras en que se presenta las discriminaciones que afectan a las mujeres tanto en América Latina como en Colombia, a pesar de un pequeño mejoramiento registrado en la región en este sentido por indicadores relacionados con la inserción laboral femenina, entre estos la reducción de algunas de las brechas de equidad en referencia a los hombres, estas imágenes de género, que generalmente tienden a desvalorizar a la mujer en lo laboral, siguen presentando una recurrencia importante.

En América Latina es muy frecuente la idea de que las diferencias de remuneración de las mujeres con relación a los hombres obedecerían a la necesidad de retribuir los mayores costos que deberían enfrentar las empresas para contratar a las mujeres, esto vendría de normatividades protectoras especiales, estipuladas en las legislaciones laborales, en lo que se refiere principalmente a la maternidad y al cuidado infantil. Otra de las ideas es una menor disponibilidad respecto al hombre para trabajar horas extras o en turnos, viajar o capacitarse.

Con  objeto de producir cifras y datos objetivos acerca de los mencionados costos, la OIT efectuó, entre 2000 y 2001, una investigación en 5 países de la región (Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay). Los resultados de la investigación indican que los costos monetarios directos para el empleador asociado a la contratación de una mujer son muy reducidos: representan menos del 2% de la remuneración bruta mensual de las mujeres.

Por contraste, la mayor educación de mujeres no disminuye brecha salarial en Latinoamérica, precisamente en la lucha contra la desigualdad salarial entre ambos sexos fue tema central en el seminario "Igual pago por trabajo de igual valor", que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebró en 2007 en Santiago de Chile, se analizaron las políticas aplicadas por países como Canadá, Suecia, España y Francia para reducir estas diferencias salariales, así como los desafíos que en esta materia enfrenta América latina, donde las mayores brechas salariales entre hombres y mujeres en la región se registran en Guatemala (58%), Perú (61%), México (63%), Bolivia (63%) y Brasil (67%) países donde más se nota la discriminación salarial de género., en tanto que los datos del Panorama Social 2007 de la CEPAL indican que en el Gran Buenos Aires este porcentaje es del 65% y en Asunción del 58%.

De los datos del Panorama Social 2007 de la Comisión Económica para América Latina, (CEPAL), se extrae la conclusión de que los mayores niveles de educación alcanzados por las mujeres latinoamericanas no han contribuido a disminuir la brecha salarial con los hombres, sino que, por el contrario, las diferencias salariales entre sexos son mayores en los grupos sociales con más años de instrucción.

En este ámbito, los porcentajes de doctorandos hombres y mujeres en Colombia según la información encontrada al respecto, muestra que la participación por géneros le da ventaja a los hombres en este ciclo formativo, con un promedio del 72% de los 345 doctorados que existió en el año 2000, por una razón fundamental, los hombres como lo manifestara la trabajadora social y profesora universitaria María Himelda Ramírez cuentan con las mejores jerarquías laborales.

El promedio de doctorados ha presentado un leve incremento en nuestro país, aunque el nivel sigue estando rezagado en comparación con otros como Brasil, donde en el año 2008 se graduaron 11.000 doctores, en Colombia existió una marcada diferencia debido a que la cifra solo alcanzó a 100.

Un dato alentador respecto al incremento en esta clase de títulos es que según el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) sistema de información del Ministerio de Educación Nacional, desde 2001 al 2010 se entregaron más títulos que los cuarenta años anteriores. El  Ministerio de Educación Nacional presento al país los resultados obtenidos por el Observatorio Laboral para la Educación sobre las condiciones laborales de los graduados de la  educación superior entre el 2002 y el 2011. Al desagregar la información por sexo, se encuentra que las mujeres ganan en promedio 14,8% menos que los hombres, esta brecha se disminuyó en 1,4 puntos porcentuales con respecto a la de los graduados 2010.

Se concluye que es previsible un mejoramiento gradual de las condiciones de justicia y equidad para la mujer, por razón que en todos los ámbitos se observa el incremento en la responsabilidad política y social y dedicación en la comunidad, tanto internacional como nacional, para asegurar a la mujer la real valoración de sus derechos.



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